República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de noticias 20 de marzo de 2012
EL TIEMPO
EL RETO DE SACAR TRES REFORMAS CONSTITUCIONALES EN TRES MESES
En 3 meses, el Congreso tendrá que combinar el trámite de proyectos con debates de control político.
El lunes vuelve el Congreso y en la agenda hay 3 reformas y otros proyectos de ley de alto impacto
Con el reto de sacar adelante en tres meses tres reformas constitucionales y otros proyectos de ley de alto impacto, mañana el Congreso regresa a sesiones ordinarias.
Entre el 20 de marzo y el 20 de junio los legisladores tendrán que evacuar las segundas vueltas (cuatro debates) de la reforma de la justicia y el marco para la paz, y avanzar en la primera parte del trámite de la enmienda constitucional sobre el fuero militar.
En materia económica, la apuesta del Gobierno estará en lograr la aprobación de la reforma tributaria, la cual, según el presidente Juan Manuel Santos, busca "corregir desigualdades" en el país.
El matrimonio gay será otro de los platos fuertes de esta apretada legislatura, ya que el próximo 26 de julio se cumplirá el primero de los dos años que dio la Corte Constitucional al Congreso para legislar sobre el tema.
Las presiones en los partidos de la Mesa de Unidad Nacional serán el otro frente que tendrá que atender el Ejecutivo. Entre los partidos de 'la U', Conservador, Liberal, Cambio Radical y Verde suman más del 90 por ciento del Legislativo, y el Gobierno tendrá que maniobrar con estas organizaciones si quiere avanzar en la aprobación de estas y otras iniciativas de trascendencia para el país.
1. Los desafíos en la reforma de la justicia
Este es uno de los proyectos de reforma constitucional que mayores controversias ha desatado en el país.
Aunque en un principio el Gobierno presentó un texto que había sido concertado con las altas cortes, en el camino dos de ellas (Consejo de Estado y Corte Suprema) se separaron de la discusión. Entre los temas polémicos están el juzgamiento a los altos funcionarios del Estado, las facultades nominadoras y designadoras de los altos tribunales y la eliminación de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Uno de los temas que centrarán el debate será si se excluye o no el artículo que habla sobre el fuero militar, ya que los partidos de 'la U' y Conservador se han opuesto a ello. Por ser reforma de la Constitución, esta iniciativa debe superar ocho debates, de los cuales ya pasó los primeros cuatro.
2. Nueva herramienta para militares
El pasado viernes, acompañado de toda la cúpula militar, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, radicó en el Congreso este proyecto de enmienda constitucional.
Aún no está definido si el artículo que habla sobre el juzgamiento a los militares, que es el fondo de esta iniciativa, será excluido o no de la reforma de la justicia.
Entre los principales puntos de la iniciativa están los tribunales de garantías penales para militares y la justicia penal policial.
3. Reglas para posible diálogo de paz
El marco jurídico para la paz es otra reforma constitucional que debe cumplir su segunda vuelta en esta legislatura.
La idea de este proyecto, de autoría del senador Roy Barreras, es darle al Presidente las herramientas para que, en el momento en que las condiciones estén dadas, pueda emprender procesos de paz. Luego de un amplio debate en la primera vuelta, se excluyó otorgarles vocería política a organizaciones al margen de la ley.
4. Reforma tributaria, la apuesta económica
El pasado sábado, al referirse a este proyecto, el presidente Juan Manuel Santos dijo que "hay mucho rico que no paga impuestos. A esos sí los vamos a poner a pagar, a los que no pagan sus impuestos, y vamos a corregir ese tipo de desigualdades en la reforma tributaria".
Entre los principales puntos están la reducción del impuesto de renta, que hoy día está en 33 por ciento; la modificación del tratamiento tributario a las donaciones, y la presentación automática de las declaraciones de renta para personas naturales y jurídicas.
5. Legislación sobre matrimonios gays
El próximo 26 de julio se cumple un año desde que la Corte Constitucional exhortó al Congreso a legislar sobre el matrimonio gay en Colombia. Desde entonces se han presentado dos proyectos de ley que buscan legislar sobre esta materia.
El primero es del representante a la Cámara de 'la U' Miguel Gómez, el cual crea un contrato civil que cobija a dos personas en seguridad social y derechos pensionales. El segundo, de su colega Guillermo Rivera, del Partido Liberal, que modifica el Código Civil para permitir este tipo de uniones.
BIENVENIDOS AL CIRCO DE LA JUSTICIA
Por: Andrés Hurtado García
Los grandes remedios para este cáncer dependen de los honorables, muchísimos de los cuales no son propiamente dechados de rectitud y justicia.
Me gusta la justicia colombiana; me permite hacer muchas fechorías con riesgos mínimos.
Bienvenidos, señoras, señores y también los niños, al circo más maravilloso del planeta, el circo de la justicia en Colombia. Tenemos un honesto, destacado y muy capaz ministro de Justicia, pero el "despelote" de este poder del Estado no es culpa de él, aunque puede ayudar a solucionarlo un poco. El problema reside en que los grandes remedios para este cáncer dependen de los honorables, muchísimos de los cuales no son propiamente dechados de rectitud y justicia. Estamos, pues, "en la olla".
En primer lugar, habría que acabar con esa "vagabundería" de que yo reconozco mis crímenes y me rebajan penas; de que yo acuso, "sapeo" al que sea y, sobre todo, a mis compañeros de "trapacerías" (me gusta esta palabrota) y me rebajan más penas. Como se ve, estoy empleando términos entre comillas por decencia personal. Las comillas ayudan o por lo menos disculpan.
Según eso, lo recomendable sería no robar solo, sino en gavilla; llegado el caso, tengo a quien acusar con muchas pruebas documentales, gozo de lo robado y la pena es mínima. Además, si tengo buena conducta en la cárcel, si hago empanadas, si leo libros aunque sea de pornografía, si hago planas de caligrafía, si rezo juicioso, de rodillas, las tres avemarías, al pie de la cama, antes de acostarme; si me aprendo unas poesías de memoria y las recito el día del recluso, si espero para seguir robando y delinquiendo cuando salga de la cárcel, todavía me rebajan más penas. Me gusta la justicia colombiana; me permite hacer muchas fechorías con riesgos mínimos.
¿Cómo es posible que a un ciudadano que un día cayó en la deliciosa tentación de tocarle pasajera, "pasajerísimamente", en la calle una nalga a una deliciosa joven le endilguen 4 años de cárcel, más o menos la misma pena que van a recibir, por lo que se ve, los que hacen multimillonarias 'nulerías' y 'morenosidades'? ¿Cómo es posible que les den casita por cárcel a los asesinos del volante, dije asesinos, como si matar a alguien fuera un delito menor, una minucia, una pequeña distracción, como tantas pequeñas infracciones que uno comete en la vida?
¿Cómo es posible que los sorprendidos, así sea una sola vez, en alto grado de alicoramiento (vaya palabrota, ¡la dije!) sigan tan tranquilos con su auto manejando por las calles, cuando se les deberían aplicar multas soberanas y quitarles el pase por lo menos seis meses la primera vez y de por vida en la reincidencia? ¿Exagerado? No. Son asesinos en potencia. Pero no, salen premiados, si acaso, con una casa por cárcel. Hogar, dulce hogar.
Si los militares cometieron abusos incalificables en la toma del Palacio de Justicia, que les caiga la misma, la justicia, como una espada sobre la cabeza.
Pero uno se pregunta: ¿y los del M-19 qué? ¿No fueron acaso ellos los que propiciaron la barbarie de la muerte de nuestros jueces y de otras personas y la vergüenza que nos estigmatizó una vez más ante el mundo? Me dirán que los del M-19 fueron indultados. Habría que desindultarlos y hacerles una "exhaustiva" investigación.
El tema del circo de la justicia en Colombia da para largo y llenaría muchas columnas de tinta, de sangre y ahora de Internet.
Algún día volveremos, porque la función apenas comienza y faltan muchos payasos, malabaristas y contorsionistas por salir al escenario.
EL ESPECTADOR
CON MENSAJE DE URGENCIA, GOBIERNO RADICA PROYECTO PARA IMPLEMENTAR TLC CON EE.UU.
La idea es tenerlo aprobado para la Cumbre de las Américas; esto luego del diálogo de las últimas horas entre Santos y Obama.
Obama destacó decisión de Santos de legislación "de emergencia" para agilizar el TLC
El Gobierno Nacional radicó este martes en el Senado de la República el proyecto de ley que implementa el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, acompañado de los ministros de Comercio Exterior, Sergio Díaz-Granados, y de las Nuevas Tecnologías, Diego Molano, radicó en la secretaría de Senado la iniciativa.
Vargas Lleras dijo que “se ha avanzado en un acuerdo político para que dicha iniciativa se tramite con mensaje de urgencia en sus comisiones segundas”.
Señaló que el objetivo es que la respectiva ley esté vigente antes de la Cumbre de las Américas que se cumplirá a mediados de abril del presente año en Cartagena.
“Todo eso con el propósito de implementar a la mayor brevedad el Tratado de Libre Comercio”, sostuvo.
La decisión del Gobierno de acelerar la entrega del proyecto este martes al Congreso se da a raíz de la última conversación entre los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Colombia, Juan Manuel Santos.
El Gobierno Nacional quiere contar con el proyecto para adelantar a la mayor brevedad la entrada en vigencia del TLC, luego de que se cumpla la visita oficial de Obama, al concluir la cumbre de las Américas.
LAS PRUEBAS DEL TESTIGO CLAVE EN EL PROCESO DEL PALACIO DE JUSTICIA
El cabo Edgar Villamizar realizó una serie de ilustraciones con la posible ubicación de los cadáveres de los desaparecidos en el Cantón Norte.
El cabo (r) Edgar Villamizar realizó una serie de bosquejos de los lugares en los que podrían estar los desaparecidos del Palacio.
El 24 de julio de 2008, el cabo en retiro Edgar Villamizar fue ubicado por el entonces investigador del CTI de la Fiscalía, Pablo Vásquez, con el fin de que le diera más luces acerca del conocimiento que tenia acerca del papel de algunos militares durante la operación de retoma del Palacio de Justicia, así como su conocimiento sobre el posible paradero de los llamados desaparecidos.
Después de muchas insistencias, Villamizar, quien también era agente del CTI, citó a Vásquez en la Biblioteca Luis Ángel Arango en el centro de Bogotá, con el fin de responder las preguntas que éste tenía en el marco del proceso de investigación que se adelantaba por los trágicos hechos registrados el seis y siete de noviembre de 1985.
En ese encuentro, que no duró más de 20 minutos, el cabo en retiro le manifestó a su cordial entrevistador algunos hechos que había registrado cuando fue agregado militar en la operación y tuvo que ser trasladado de la Brigada Séptima de Villavicencio a Bogotá para que apoyara la operación de retoma del Palacio de Justicia.
En su relato, Villamizar le reiteró a Vásquez lo que le había comentado tres días antes en su conversación telefónica: la participación de militares en actos de tortura y posterior desaparición forzada de un grupo de personas que habían sido sacadas del Palacio de Justicia con vida y luego trasladadas a unos Batallones donde fueron sometidos a diferentes interrogatorios y torturas que en algunos casos les causaron la muerte.
Sin embargo, en el encuentro en la biblioteca pública, Villamizar aprovechó la oportunidad para hacer describir los hechos que vivió durante el siete de noviembre.“Expresó de manera muy ligera lo sucedido, dio nombres de personas e intentaba ubicarnos en el espacio y lugar”, precisó Vásquez señalando que a dicha diligencia lo acompañaron el antropólogo Diego Alejandro Casallas, y el director del Grupo de NN y desparecidos de la Fiscalía, Pedro Jimmy Cortés.
En ese momento, mientras relataba, el militar retirado dibujaba en unas hojas que tenía sobre la mesa unos improvisados y no muy claros planos la posible ubicación de unos cuerpos, principalmente los de los llamados desaparecidos, en las instalaciones del Cantón Norte y el Batallón Charry Solano ubicado en el sur de la capital de la República.
En los dibujos hechos a mano alzada por parte de Villamizar se puede ver algunos detalles como fechas, nombres de algunos militares, y el traslado que habrían hecho de los cuerpos en las instalaciones del Ejército, datos que fueron registrados por Vásquez en los informes que le presentó a la entonces fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, quien fue la encargada de reanudar después de 20 años las investigaciones por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
En una de las ilustraciones se resaltan los nombres del comandante Roberto Suárez Suárez, así como el sargento primero Álvaro Gamboa Nieto y el sargento viceprimero Álvaro Achury, quienes habían registrado el ingreso de las personas a la Escuela de Caballería el 8 de noviembre de 1985.
En otra, se hacen algunas alusiones sobre el lugar donde habrían sido enterrados algunos de los cadáveres en las caballerizas del la Escuela de Caballería, lugar que fue marcado con una cruz. Todo esto habría estado bajo la vigilancia del mayor Pedro Parada.
Estos documentos, pruebas y relatos que fueron considerados como “de inteligencia”, llevaron a Villamizar a presentar nuevamente su testimonio ante Ángela María Buitrago en declaración juramentada en una cafetería cercana al Cantón Norte por motivos de seguridad. En dicha diligencia estuvieron presentes Darío Cediel, fiscal auxiliar del proceso, así como Efrén González, quien pertenecía al grupo de criminalística.
Igualmente el cabo en retiro ingresó a la instalación militar en compañía de los funcionarios de la Fiscalía e hizo un nuevo recorrido por las caballerizas y otros lugares donde él creía pudieron enterrar los cuerpos de un grupo de personas que fueron señaladas como guerrilleron en el interior del Palacio
En los próximos días, los documentos escritos presuntamente por Villamizar serán revisados por un grafólogo quien emitirá un concepto sobre su veracidad teniendo en cuenta la firma que imprimió en un documento presentado por la Fiscalía en el que señalaba y daba detalles sobre la participación de los militares en las desapariciones, y el cual ha sido motivo de discordia, puesto que se cree que fue falsificada y su identidad suplantada.
UNA EDAD Y DOS PROYECTOS
La iniciativa sostiene que la edad de retiro forzoso de los miembros de las altas cortes debe ampliarse de 65 a 70 años.
Mientras el proyecto de reforma a la justicia, que comenzará su segunda vuelta en el Congreso esta semana, pretende extender la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes de 65 a 70 años, aplicable sólo para aquellos que tomen posesión después de la entrada en vigencia del acto legislativo, paralelamente se debate un proyecto de ley que también contempla dicha ampliación de la edad de retiro para los actuales magistrados.
Se trata del proyecto 266 de 2011 Senado y 154 de 2010 Cámara, “por el cual se desarrolla el artículo 233 de la Constitución y se fija la edad de retiro forzoso para los magistrados de las altas cortes”. Según los argumentos del ponente en Senado, Jesús Ignacio García, la Carta Política no dice nada sobre la edad, circunstancia que ha generado desacuerdos interpretativos, razón por la cual el legislador, dentro de su cláusula de competencia, puede entrar a regular de manera razonable el mencionado requisito. Sin embargo, García asegura que “ese proyecto de ley no tiene futuro. Desde el año pasado lo estamos poniendo a consideración de los congresistas, pero cuando se va a votar hay tantos impedimentos que la sesión queda sin quórum.”
Otra razón tiene que ver con las recomendaciones hechas por la comisión de expertos para la reforma a la justicia, que consideró que es aconsejable aumentar la edad de retiro forzoso a 70 años para estos funcionarios por dos razones: porque a esa edad un magistrado está en “plena capacidad de producción jurídica y colmado de experiencia” y porque, según el DANE, la edad de vida de los colombianos se ha proyectado a 74 años.
Más allá de las interpretaciones que se le puedan dar a una iniciativa como esta, las suspicacias no se han hecho esperar. Hay quienes dicen que uno de los motivos del malestar entre los magistrados con la reforma a la justicia tiene que ver con el no permitir que la nueva edad de retiro forzoso aplique para ellos. En privado, varios de ellos habrían expresado reparos a esta propuesta que consideran excluyente pero, en cambio, habrían aplaudido el otro proyecto, que les permitiría a varios continuar en el cargo por encima de los 65 años.
La iniciativa beneficiaría, por ejemplo, a magistrados del Consejo de Estado como William Giraldo Giraldo, Hernán Andrade Rincón, Olga Valle de la Hoz, Víctor Hernando Alvarado y Mauricio Torres. En el Consejo de la Judicatura, la norma le convendría a Jorge Castillo Rugeles, el magistrado que fue nombrado en 2008, cuando ya había alcanzado la edad de retiro, por lo que el gobierno Uribe se negó a darle posesión, requisito que el funcionario tuvo que cumplir ante un notario.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, sostuvo que la posición del Gobierno es la que está en el acto legislativo de reforma constitucional a la justicia. “Nos parece conveniente extender la edad de retiro a los 70 años, pero para quienes sean designados con posterioridad, es decir, sólo para nuevos magistrados”, expresó Robledo.
Mientras que el representante a la Cámara y autor de la iniciativa, Carlos Edward Osorio, afirmó que a pesar de que el tema genera muchas suspicacias, él asume la responsabilidad. “En el proyecto hay firma de algunas personas, pero el responsable absoluto del proyecto soy yo”, señaló el representante por el Tolima.
Según Osorio, éste se presentó antes que la reforma a la justicia y tiene origen en su experiencia en la rama jurisdiccional, toda vez que es abogado. “El origen de esa situación es que, a mi juicio, se está registrando una inequidad en los magistrados de las altas cortes, en el sentido de que a unos se les aplica un régimen de retiro forzoso y a otros otro”, explicó el parlamentario.
Osorio plantea que la norma que hoy rige en esa materia fue redactada en 1978 y que desde ese tiempo hasta hoy nadie ha querido modificarla de acuerdo con las nuevas realidades. “Esa norma, que es preconstitucional, está vigente hace mucho tiempo y no ha sido modificada, porque en la Constitución del 91 se dijo que el legislador se encargaría de hacerlo. Y desde el 91 hasta hoy nadie se ha ocupado del tema. Alguien tiene que hacer la tarea”.
Para el autor del proyecto el tema es de igualdad entre los magistrados de las altas cortes. Según él, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura no tienen edad de retiro forzoso, mientras el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia sí. “Es absolutamente inequitativo. Lo que planteo es o todos en los 65 o todos en los 70. Este es un tema más académico, de reivindicación de la igualdad, no tengo nada contra los magistrados”, expresó Osorio.
“El proyecto debe ser de aplicación inmediata: la Constitución dijo que el período de los magistrados fuera de ocho años, se está pensando en extenderlo a 12 y se hizo tratando de lograr cierta estabilidad de la jurisprudencia, y si esa fue la filosofía del constituyente, creo que todos los magistrados deberían cumplir los períodos para los que fueron elegidos, sin importar la edad de retiro”, expresó Osorio.
“Asumo la responsabilidad absoluta del proyecto y no pretendo nada distinto a lograr equidad en una situación que se viene presentando. Hay que igualarlo en un sentido o en otro, lo puse en 70 años pero creo que debe incluso ir hasta el cumplimiento del período”, sentenció el parlamentario tolimense.
"UN GOLPE AL FONDO DEL ALMA"
"Vale la pena ser juez", dijo Bernardo Rodríguez, pese al asesinato de su esposa.
El poco tiempo libre de que disponia, Gloria C. Gaona lo dedicaba a su familia.
La jueza Gloria Constanza Gaona fue asesinada a las 7:00 de la mañana del 22 de marzo de 2011, en plena vía pública, a pocos metros de la casa donde vivía en Tame (Arauca), población donde llevaba procesos por rebelión, tráfico de armas y casos como el de un militar que habría violado y asesinado a tres menores.
La jueza, de 39 años, llevaba tres viajando todos los fines de semana entre Saravena (Arauca) y Tunja (Boyacá), un recorrido de 13 horas de ida y 13 de regreso en bus, porque en Tunja vivían su esposo y sus dos hijos.
Bernardo Rodríguez, su cónyuge, quedó al frente del hogar y espera que se haga justicia en este caso que tiene tres detenidos (Nelson Archila Romero, de 38 años, alias Belker; Róbinson Adrián Ortega, de 22 años, alias Remache, y José Diomedes Gamboa Giraldo, de 23 años, alias Pescado picho), presuntos integrantes de la guerrilla del Eln.
Hoy, hace un año, también después de un puente festivo, fue asesinada su esposa…
Ese día es un recuerdo trágico, un recuerdo muy conmovedor, es un día para no recordar, un día triste que impacta mucho en nuestra vida y en todo.
¿Cómo recibió la noticia del asesinato?
Me llamó la persona que la acompañaba en ese momento que es Mireya, la testigo principal de los hechos, me llamó a los dos minutos. Me dijo, Doc, Doc, mataron a la Doc, mataron a la Doc, aceleradamente hablaba, gritaba mucho y obviamente lloraba, conmocionada estaba en ese momento.
Su esposa estuvo con usted la noche anterior, ¿de qué hablaron?
Nosotros estuvimos todo el fin de semana en Bogotá estudiando, estábamos haciendo una especialización en derecho penal en la Universidad Libre, estuvimos el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, entonces ella se despidió porque viajaba por la noche, hacia las 5 de la tarde, salía de Duitama en un bus que cubre la ruta Duitama-Tame. La vi por última vez a las 5 de la tarde cuando ella se fue en ese bus.
¿Hablaron ustedes ese fin de semana del caso que ella estaba llevando del militar involucrado en la violación de tres niños de Tame, le preocupaba algo, había recibido amenazas?
Amenazas nunca, pues comentábamos de los casos que ella llevaba, no sólo de ese sino de otros, pero nada así preocupante, nada de amenazas ni esas cosas. Ese caso era muy sonado en los medios, comentábamos sobre eso.
¿Cómo le dijo usted a su hijo de 6 años que habían matado a su mamá?
Huy no, eso fue muy duro, y ella tiene un hijo de su primer matrimonio, que es ya adolescente. En ese momento tenía 15 años y medio más o menos, Daniel se llama él. Para él obviamente fue un golpe durísimo, nuestro hijo, se llama Juan David. Le dije “Dani, hijo mío, mataron a la mamita, se nos murió la mamita, se fue la mamita”…eso…eso…no lo podía creer y el niño pequeño lloraba amargamente y me abrazaba. Afortunadamente tuvimos el acompañamiento de una psicóloga de la ARP que está adscrita a la Rama Judicial y ella nos ayudó mucho en eso.
¿Cómo ha sobrellevado usted este año sin ella?
Ese es un golpe al fondo del alma, de la existencia de uno. No solamente es una pérdida irreparable, sino que tengo la esperanza de algún día encontrarme con ella en el cielo y poderla abrazar y poder seguir amándola como la he amado y la seguiré amando toda la vida. Es una persona que primero no se merecía lo que le hicieron y, segundo, es una persona que en nuestra vida, en nuestros corazones y en nuestra existencia dejó una huella imborrable, por lo carismática, por lo noble, por lo espiritual que era ella…no, no, no…esta semana ha sido muy dura.
¿Qué ha pasado esta semana?
Me he sentado a ver sus fotos en el computador y tengo que cerrarlas… Todos los días le tomo las manos… y la recuerdo. No hay un solo día que no piense en ella. Hemos ensayado la misa que haremos en Chiquinquirá (hoy martes 20 a las 5 de la tarde) y el 22 en Paipa con todos los compañeros de la Rama Judicial…
¿Quién mató a su esposa?
Al parecer, lo que dicen las investigaciones hasta ahora, es que la mataron miembros de la guerrilla del Eln, eso es lo que ha descubierto hasta ahora la Fiscalía, ¿por qué la mataron? No sé, no es justo, no encuentro una explicación, no sé por qué motivo la hayan matado.
¿No se ha establecido relación con el caso del militar implicado en la violación de esos muchachos o era por la presunta relación que había, en ese triángulo, entre todas las fuerzas irregulares de la zona?
Pues la verdad nosotros, ningún miembro de la familia, nos atrevemos a lanzar ninguna hipótesis, hemos optado por dejarle las cosas a Dios y, segundo, a la autoridad competente, en este caso a la Fiscalía.
Usted en su calidad de juez, ¿cómo evalúa la acción de la justicia en el asesinato de su esposa?
A mí me parece que han hecho un trabajo muy profesional, el fiscal que ha llevado el caso es una persona muy competente y realmente en tiempo récord en una zona muy difícil, porque hay mucho dominio de las Farc y el Eln, en tiempo récord lograron resultados muy positivos.
¿Ha tenido contacto con los homicidas?
No, en lo absoluto.
¿Qué les diría si los pudiera mirar de frente?
No, no sé, soy un hombre que no guardo rencores por mi misma formación profesional, miro a las personas con un rasero de igualdad y no tengo rencores con nadie, pero lo que sí pienso es que fue absolutamente injusto todo el dolor y la tragedia humana que nos causaron con la muerte de Gloria.
¿Culpa al Estado de tener alguna responsabilidad por el hecho de que la vivienda en Saravena estaba por fuera del anillo de seguridad?
En ese sentido nosotros estamos trabajando con nuestro abogado, mirando la posibilidad de entablar alguna acción, pero no me quiero adelantar a nada, hay unas situaciones jurídicas que hay que analizar, porque en una zona tan complicada, tan difícil, tan deteriorada en el orden público, no solamente en ese momento sino antes y hoy en día. Analicemos todo lo que ha pasado después.
Por eso le pregunto si a ella le preocupaba algún caso en particular…
Pues le llegaban muchos casos de esa gente, así como de otro grupo, pero un caso en especial no sé, pero muchos sí, sobre todo mucho delito de rebelión, de ambos bandos, tanto del uno como del otro, mejor dicho, está allí en el juzgado ese tipo de actuaciones judiciales que vinculan a esos grupos armados ilegales, tanto Eln como las Farc, pero que se haya mencionado un caso en especial no. Sí comentábamos, ella me comentaba en su calidad de juez, de abogada profesional, que es lo mismo que hago, comentábamos, rebelión, homicidios, es un juzgado penal del circuito.
¿Pensó alguna vez que la podían matar?
Uno nunca se imagina cosas de esas tan dolorosas y tan trágicas, pero nosotros hablábamos de la vida, de la muerte. Ella y yo somos personas muy creyentes, muy espirituales y hace varios años hablábamos sobre lo que esperábamos el uno del otro si nos llegara a pasar algo.
¿Qué le pedía ella?
Que no fuera a separar a los niños, porque como ella tiene un hijo de otra relación, me decía mira, si a mí me llega a pasar algo nunca vayas a separar a los niños, me decía, y le contestaba que nunca me separaría de ellos ni los separaré, y me decía, si yo llego a fallecer, si yo llego a faltar, prométeme que tu vas a cuidar de Juan y vas a darle todo y estar en lo posible siempre al tanto de sus cosas. Hablábamos siempre de los cuatro, siempre involucrábamos al otro niño porque a pesar de que no es mi hijo yo lo quiero muchísimo.
En su trabajo como juez en Boyacá, ¿a qué cosas se enfrenta?
A los odios, a las malquerencias.
¿Vale la pena ser juez en Colombia?
Sí, sí vale la pena
Fiscalía apunta a Eln como responsable
La investigación que adelantó la Fiscalía por el asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona apunta a que el responsable del crimen fue el Eln. Por esta razón existen tres sujetos, supuestos guerrilleros, enfrentando juicio. La última audiencia se celebró a mediados de febrero, en la que la oficial mayor del juzgado de Saravena (Arauca) señaló a uno de los detenidos como el asesino. La funcionaria está bajo el programa de protección. A esta declaración se sumará la de un desmovilizado del Eln, quien se entregó al Ejército justo después de la audiencia preparatoria. Pese a que el abogado de los procesados se opuso, esta declaración podría ratificar la responsabilidad de los presuntos asesinos.
La muerte de Gaona causó gran impacto mediático, porque su despacho se encargaba del caso contra el subteniente del Ejército Raúl Muñoz Linares, acusado de la violación de dos niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanos de 9 y 6 años.
MACROLINGOTES
Por: Óscar Alarcón
A pesar de lo dicho por la sala de Consulta del Consejo de Estado, no me cabe duda de que el período del fiscal es personal.
De no ser así, institucionalmente ¿cuándo comenzaría? La Constitución ni la ley lo dicen. Como tampoco señalan el inicio del período del procurador. En cambio sí lo hace con el contralor, del cual establece la Constitución que “será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del presidente de la República”.
No obstante que Luis Camilo Osorio y Mario Iguarán se posesionaron un 1º de agosto, eso no está en ninguna norma. Tanto que el primero de todos los fiscales, Gustavo de Greiff, asumió un 1º de abril y Alfonso Gómez Méndez un 3 de julio. Si bien una reforma constitucional de 2003 dijo que los cargos de elección “tienen el carácter de institucionales”, el hecho de que esa enmienda hubiera hecho parte de una reforma política, parece significar que se refiere a aquellos de elección popular (gobernadores y alcaldes) para evitar los comicios atípicos que se venían presentando y no a otra clase de elecciones. Tanto es así, como lo han entendido las altas cortes, que todos los magistrados que ellas han elegido han cumplido o están cumpliendo, períodos personales y no institucionales. Igual que en las altas cortes debe aplicarse para el fiscal.
Precisamente los períodos personales en la Corte Constitucional comenzaron con uno de los hoy ternados para fiscal, Eduardo Montealegre, quien se retiró antes de cumplir el período. Su reemplazo no lo terminó, sino que comenzó uno nuevo, personal, de ocho años. Este año salieron del Consejo de la Judicatura Hernando Torres y Gezael Giraldo, cuyos períodos vencían respectivamente en mayo y agosto. Pero estoy seguro de que los elegidos están convencidos, y los electores también, de que sus períodos son personales, de ocho años, porque si no, tendrían que salir en esos meses, a pesar de haber sido elegidos recientemente.
O todos en la cama o todos en el suelo O mejor, o todos en la Sala o todos en el búnker.
EL NUEVO SIGLO
MORELLI RINDE TESTIMONIO DE ‘CARRUSEL DE PENSIONES’
Deberá explicar la Comisión de Acusación la investigación que se adelanta contra algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado ‘carrusel de pensiones’
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes también indagará a la contralora General, Sandra Morelli por el detrimento patrimonial en que pudieron haber incurrido algunos magistrados.
El testimonio iniciará a las 10 de la mañana ante los parlamentarios investigadores Héctor Vergara, Manuel Carevilla y Jorge Gómez.
El presidente de la Comisión de Acusación, representante Germán Blanco, dijo que “la versión de la jefe del organismo de control fiscal determinará si amerita abrir proceso formal contra los 4 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por un detrimento patrimonial”.
ARRANCA ELECCIÓN DEL FISCAL
La elección del nuevo Fiscal General de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia arrancará en firme este jueves con una audiencia pública.
En esta oportunidad el alto Tribunal escuchará a los integrantes de la terna que le fue presentada hace algunos días por el presidente Juan Manuel Santos.
En consecuencia, la exministra Mónica de Greiff, la abogada María Luisa Mesa y el ex magistrado Eduardo Montealegre tendrán la oportunidad de explicar a los magistrados que integran la Corte el manejo que tienen previsto dar al ente investigador.
El presidente de la Corte, magistrado Javier Zapata, explicó que el jueves serán escuchados los tres integrantes de la terna en intervenciones que durarán 15 minutos como máximo.
Las intervención de los ternados será en orden alfabético, por lo que la primera en presentarse ante los magistrado será de Greiff, posteriomente Mesa y finalmente Montealegre.
De acuerdo a lo señalado la semana anterior, esta audiencia será trasmitida por televisión.
La nueva elección de Fiscal General se debe realizar después de que el Consejo de Estado determinó anular la elección de la fiscal Vivianne Morales porque la Corte cambió, por una vez, su reglamento para este fin.
De esta forma Morales fue elegida con 14 votos y no con los 16 que para este caso exige el reglamente del alto Tribunal.
Tras la presentación a la Corte de la terna para Fiscal General, el presidente Santos le solicitó al alto Tribunal proceder a hacer esta elección lo más rápido posible para subsanar la interinidad en el cargo.
Sin embargo una sombra de duda se presenta en esta elección pues no hay claridad sobre el periodo que deberá tener el nuevo fiscal.
Hace pocos días la Sala de Consulta del Consejo de Estado emitió un concepto en el sentido que este periodo es institucional. En consecuencia el entrante Fiscal estaría hasta julio de 2013.
REFORMAR SIN DEFORMAR
Por: Hugo Quintero Bernate
Cíclicamente aparecen ataques en contra de la Rama Judicial que inicialmente surgen como hechos aparentemente aislados, pero que al paso del tiempo van estructurándose como verdaderos entramados que denotan el propósito que se persigue aunque oculta el origen de sus motivaciones.
Las recientes denuncias que inicialmente formularon algunos medios de comunicación, sobre la existencia de un “carrusel de pensiones” en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fueron recogidas por la Contraloría General de la República en una investigación formal por presunta responsabilidad fiscal que ha ido tratando de extender de manera francamente irracional no sólo a otras corporaciones judiciales, sino a otras actuaciones institucionales de la Rama Judicial de las cuales la Contraloría pretende derivar supuestas afectaciones al patrimonio estatal.
No parece gratuito, en el enrarecido ambiente de una reforma judicial que las altas Cortes perciben como una retaliación contra pasadas o actuales actuaciones suyas, que se les filtren a los medios de comunicación la existencia de supuestas actuaciones de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado en la misma línea del “carrusel de pensiones” presuntamente hallado en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Como tampoco extraña el absurdo comportamiento del Ministro del Interior que, como rueda suelta del Gobierno nacional, sale a descalificar el contenido del concepto que el Presidente de la República le pidió con carácter de urgencia a la Sala de Consulta y Servicio Civil, sobre el tema del período del Fiscal General que debe elegirse en reemplazo de Vivianne Morales.
Menos aún sorprende que se use la sección del 1, 2, 3 del noticiero CM&, para ambientar en contra de la Rama Judicial, con ojos desorbitados y todo de la presentadora de turno, una investigación por presunta responsabilidad fiscal derivada de la concesión de la condecoración “José Ignacio de Márquez”, que es el único estímulo al mérito judicial.
La insularidad de esos hechos es apenas aparente, pues los tres apuntan en una misma y única dirección: la de crear en la opinión pública una percepción negativa de la Rama Judicial que ambiente la reforma que se intenta para disminuir los niveles de independencia y autonomía de la única rama del poder público que no tiene origen electoral.
Ciertamente que la administración de justicia requiere modificaciones en su estructura y funcionamiento que mejore el acceso de los ciudadanos a ese servicio público y los resultados de su gestión, pero para hacerlo, no hace falta desprestigiarla, ni refundarla como algunos pretenden.
Cualquier modificación, reforma, reingeniería o restructuración de la administración de justicia debe partir de un acuerdo sobre la inamovilidad del pilar básico de nuestro sistema jurídico. La independencia y autonomía de los jueces. Ese valor es el único que nos mantiene a salvo de cualquier autoritarismo, hasta del de los propios jueces, porque son controlables a través de los recursos.
Y cualquier mejora a la gestión debe partir de otro inamovible: no pueden montarse índices de productividad con prescindencia del carácter humano de quien administra justicia, pues se trata de tener jueces, no esclavos.
REVISTA SEMANA
LA REFORMA JUSTICIAL: UNA REFORMA INOCUA
Por Rafael Ballén
Se inicia un nuevo período legislativo y con él volverán las reformas, entre ellas la judicial, cuyo proyecto presentó el Gobierno a las altas cortes, el 13 de septiembre de 2010, con una extensa exposición de motivos (270 páginas). El escrito cita como sustento argumentativo, varias intervenciones del presidente Juan Manuel Santos, en distintos escenarios. Los argumentos de mayor fuerza dialéctica de las intervenciones del jefe de Estado dicen que, la reforma que pone a consideración de los altos dignatarios de la justicia no es una reforma improvisada, que es el fruto de meses, de años de trabajo de observación, de consultas, en la que se reúne la inteligencia de magistrados, ex magistrados, juristas, académicos y ong’s. La exposición de motivos agrega que, “el buen funcionamiento de la justicia es fundamental para la legitimidad y supervivencia del Estado […], para el desarrollo y la competitividad”. Un trozo de ciencia política semejante nos dejó Hesíodo, hace 2.800 años, en el siguiente texto: “Si hay sentencias rectas y por nada de lo justo se apartan, florece la ciudad y los pueblos florecen, hay lana en los rebaños y miel en los panales […]. Cuando hay sentencias torcidas, a un tiempo llegan el hambre y la peste; y perecen los hombres, y las mujeres dejan de parir, y las casas se caen, y la ciudad se destruye”.
Además de los múltiples aspectos descriptivos, tres conceptos sobresalen en la exposición de motivos: legitimidad del Estado; supervivencia del mismo; y desarrollo de la sociedad. Desgraciadamente, hay que decirlo, sin ambages: en el pasado reciente Colombia llegó al más alto grado de ilegitimidad del Estado, porque en concepto de la propia Fiscalía General de la Nación, algunos de los más altos dignatarios de la burocracia oficial se concertaron para delinquir, razón por la cual hoy se hallan privados de la libertad o huyendo de la justicia. Esto obligaría a la realización de una gran reforma judicial, de consenso entre los más diversos componentes de la sociedad, máxime si se tiene en cuenta que el acto legislativo No. 02 de 2004, que estableció la reelección inmediata del entonces presidente Uribe, rompió el equilibrio de pesos y contrapesos. Pero la reforma, carece de trascendencia. Pese a ese trabajo descomunal, de que nos da cuenta la exposición de motivos, conviene aceptar que esta reforma no es de gran profundidad, sino una reforma menor y adjetiva, con una sola excepción: la supresión del Consejo Superior de la Judicatura.
Surtida la primera vuelta, el proyecto no mejoró como era de esperarse, sino todo lo contrario, empeoró por la decadencia universal –de la que algo nos toca– del bien público. De la pérdida de este valor universal, se derivan dos consecuencias que se reflejaron, sin ningún pudor, en las diferentes reuniones que celebraron las partes, y, de las que los ciudadanos del común se enteraron. La primera consecuencia, es el desconocimiento, a sabiendas o no, de lo que debe ser la estructura del Estado y la función de sus grandes magistraturas –legislativa, ejecutiva, judicial, disciplinaria–. La segunda consecuencia, es la lucha a muerte que cada uno de los organismos implicados en la reforma libró, libra y librará para acrecentar su poder, con criterio de interés particular: el fuero militar, es apenas uno de esos intereses. El trasfondo de esa lucha mezquina de intereses, tras el poder que otorga el aparato judicial del Estado en la actual coyuntura, es impedir que se conozca la verdad en relación con los grandes crímenes cometidos durante las dos últimas décadas. Así las cosas, lo mejor que podría suceder es que la reforma se hundiera, y que el Gobierno integrara una comisión, que con criterio de bien público, aterrizara la reforma judicial de la que el país está urgido.
EL CINISMO DE ESGUERRA
Por María Jimena Duzán
Minimizar el papel de las altas cortes en el destape de las cañerías putrefactas del país no le queda bien al ministro de Justicia.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, me ha hecho reír con su concepción virginal de nuestra prostituida democracia. Sin sonrojarse, pronunció esta frase la semana pasada en una entrevista en Caracol Radio, probando que él en realidad ha vivido en Dinamarca, no en Cundinamarca, desde que asumió la cartera de Justicia:
"No sé de dónde haya sacado el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la idea de que Mancuso podría haber sido ministro de algún gobierno", fue su frase.
La convicción con que el ministro la bordó, como si se tratara de un exabrupto, sin el mayor fundamento, me pareció un chiste. Para sostener esa frase con la vehemencia con que lo hizo se requiere tener una dosis de cinismo importante. Y por lo visto el doctor Esguerra la tiene de sobra. En un país donde cerca de la mitad del Congreso está tras las rejas por la parapolítica, donde la Justicia captura a diplomáticos, a gobernadores y a alcaldes por sus vínculos con los paramilitares y el narcotráfico, mientras los más cercanos colaboradores del gobierno Uribe están siendo investigados por la Fiscalía, acusados de haber participado en las chuzadas del DAS y la Yidispolítica, no se necesita ser adivino para saber qué habría pasado si las altas Cortes no cumplen con su función de impartir justicia y de destapar las estructuras de poder que se escondían detrás del narcoparamilitarismo.
Que le quede claro, ministro: si las altas cortes no hubieran actuado como actuaron -investigando las relaciones de los paras con la política, con los empresarios, con los militares-, el peligro que corría el país no era que Mancuso hubiera llegado a ser ministro, sino que a él y a sus amigos los hubieran terminado nombrando, como de hecho alcanzó a suceder con varios de los presidentes de Fedegan, un gremio en el que presuntamente él era el poder detrás del trono. Minimizar el papel de las altas cortes en el destape de las cañerías putrefactas del país no le queda bien al ministro de Justicia.
De esas declaraciones dadas a Caracol Radio se desprende también otro hallazgo: que el ministro de Justicia se resiste a aceptar la verdad de a puño esbozada por el presidente de la Sala Administrativa del CSJ en el sentido de que si las altas cortes no hubieran adelantado la investigación de la parapolítica, esta se habría tomado el país. Para el ministro la ecuación es otra. No solo porque nuestra democracia es una fortaleza que, según él, ha sabido mantener a raya a la mafia y al narcotráfico -¿será que vivimos en el mismo país, querido ministro-, sino porque desde su orilla la única explicación para que el presidente de la Sala Administrativa del CSJ hubiera insinuado semejante barbaridad es que estaba "respirando por la herida", debido a que la reforma a la Justicia propuesta por el gobierno plantea la eliminación de esa sala.
Puede que los señores del CSJ estén respirando por la herida, pero lo que dice el presidente de la Sala Administrativa del CSJ es cierto: Colombia le debe a las cortes no haber caído en las manos de esa mafia paramilitar que por poco se queda con el país. Y lo que no se entiende es que en lugar de fortalecer esa Justicia, que le ha devuelto la dignidad al Estado porque por fin se ha empezado a correr el velo de la impunidad, el gobierno de Santos proponga una reforma a la Justicia diseñada para acabar con la autonomía de la Rama, a sabiendas que eso va a tener un impacto negativo en investigaciones claves que buscan seguir desatando los entronques que sectores poderosos del país tienen todavía con el narcoparamilitarismo. En el fondo, lo que se está debatiendo en esta reforma es si se le va a permitir a la Justicia que siga investigando estas alianzas malditas o si se le va a maniatar para que volvamos a la impunidad de siempre.
CMI
LA CORTE CONSTITUCIONAL FIJA REGLAS PARA PROCESOS DE EXPROPIACIÓN
La Corte Constitucional advirtió que es obligatorio el concepto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en procesos de avalúo de predios, con el fin de poder comparar los diferentes precios que fijen los peritos que actúan dentro de un proceso de expropiación de bienes.
La disposición está contenida en un fallo de tutela que revocó el avalúo de un predio por 1.300 millones de pesos que debía pagar la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por un terreno ubicado en la ronda del río Bogotá que inicialmente costaba 70 millones.
El Alto Tribunal encontró que el precio del inmueble había sido mal avaluado por un perito privado en un dos mil por ciento mas de lo real, lo cual iba en detrimento del patrimonio del Estado.
Los magistrados explican que en procesos de expropiación adelantados por el Estado es necesario un peritaje elaborado por el Instituto Agustín Codazzi para que las partes puedan tener varios conceptos antes de proceder al pago y expropiación del bien.
Según la Corporación, los procesos que no tengan en cuenta los dos avalúos, es decir el del Instituto y uno privado, podrían incurrir en irregularidades que terminarían anulando todo el procedimiento.
Con esta sentencia la Corte establece reglas claras para evitar que el Estado siga siendo víctima de cobros exagerados en expropiaciones de predios necesarios para ejecutar obras de infraestructura.
CARACOL RADIO
LA REFORMA A LA JUSTICIA ES LESIVA PARA LOS INTERESES NACIONALES: CONSEJO DE ESTADO
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, afirmó que comenzó la cuenta regresiva de la Reforma a la Justicia en el Congreso de la República.
Manifestó que la oposición de las cortes al proyecto radica en que sus contenidos son lesivos a los intereses de los colombianos.
De acuerdo con el magistrado, las altas cortes realizaron un foro la semana pasada y reafirmaron cuales son los efectos negativos que traería para Colombia un tipo de reforma como la que se propone.
El presidente del Consejo de Estado dijo que “el proyecto es lesivo porque el valor supremo de la justicia, que es un valor que representamos quienes transitoriamente desempeñamos un papel o un cargo en la judicatura, se ve afectado”.
“Colombia requiere fundamentalmente construir una Nación de justicia que es el camino abierto para el progreso y la paz”, subrayó.
Añadió que esa noción de justicia vendría a perder su significado, pues hay unas normas de carácter internacional que le brindan a los ciudadanos el derecho a tener un juez independiente, y eso no se cumple en la reforma.
Explicó que esto no se logra con el pretexto de descongestionar la justicia y entregando dicho poder a personas que no tienen la vocación para ser jueces.
De otra parte, el presidente del Consejo de Estado afirmó que la elección de los jefes de los órganos de control, como son la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, debe estar repartida entre los poderes por un elemento de pesos y contra pesos.
“En esas dimensiones nos preocupa bastante que los poderes en este país no tengan los limites que han venido teniendo a partir de la carta del 86, y muchos más de la carta del 91”, subrayó Gómez Aranguren.
GOBIERNO NIEGA QUE REFORMA A LA JUSTICIA SEA UN RETROCESO EN DERECHOS HUMANOS
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró en Manizales que el proyecto de reforma a la justicia penal militar presentado por el ministro de Defensa, cumple con todos los propósitos que se quieren en la reforma.
Aseguró que no es un retroceso en materia de derechos humanos y que sigue a criterios y pautas muy claras para los miembros de la fuerza pública en servicio activo.
El ministro desvirtuó algunas versiones sobre la aparición de impunidad en los casos de juzgamiento a militares o por los casos conocidos como ‘falsos positivos’.
Finalmente dijo que espera que el Congreso pueda avanzar este semestre dándole primer debate a una iniciativa que es necesaria para tranquilidad de las fuerzas del Estado y de la población